De cauerdo con Radio BíoBío, el Ministerio Público indaga un oficio que la entonces diputada envió a la Seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos para consultar y destrabar la inscripción de un terreno perteneciente a su madre.
El documento generó cuestionamientos al interior de la repartición, debido a que las consultas parlamentarias que reciben habitualmente son de carácter general y no sobre trámites particulares.
La diligencia se suma a otros antecedentes de la causa “Cuota Flores”, entre ellos $228 millones en facturas detectadas durante 2025 que no cuadrarían con los ingresos informados, además de las indagatorias por su participación en la tramitación de la Ley de Notarios.